La eficacia del sistema de reestructuraciones no depende solo del marco legal, sino de cómo este responde a la realidad de las empresas en dificultades. En este artículo para la Revista AJA, José Carlos González, socio del área de reestructuraciones y concursal, señala que “tras tres años de aplicación del nuevo modelo, la valoración general no puede ser sino positiva”, pero también advierte que la evolución “no ha sido tan grande como lo que inicialmente se esperaba” y que han surgido “ciertas anomalías funcionales que están lastrando en parte el éxito del modelo”.
Una de las principales cuestiones que plantea es el tratamiento del crédito público y de los créditos-ICO. Nuestro experto señala que “la injustificada hiperprotección del crédito público perjudica injustamente a muchas empresas viables en su reestructuración”. Asimismo, considera urgente reformar la regulación de los créditos con aval ICO para evitar que estos avales sigan siendo “un obstáculo a la reestructuración de empresas en dificultades, pero viables”.
Asimismo, pone el foco en los planes de reestructuración no consensuales, donde se están produciendo abusos derivados de “una mayoría de clases favorable al plan de forma artificial y fraudulenta”. Para abordarlo, propone imponer que “en todo plan de reestructuración no consensual, deba necesariamente acudirse a la vía de la contradicción previa”.
Finalmente, González plantea la creación de un recurso de casación en interés de ley que permita unificar criterios sin alterar la sentencia del caso concreto. Tal y como apunta, “hoy conviven interpretaciones distintas entre juzgados y Audiencias Provinciales, y esa falta de alineación genera inseguridad para todos los operadores”.
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