La nueva normativa que entró en vigor el pasado abril instauraba la mediación como paso obligatorio para la resolución de conflictos, como alternativa a la vía judicial. Pero esto supone añadir complejidad, y por tanto coste, a las empresas, según indican expertos.
Mercedes Bedoya, manager en el área de litigación, comenta en Atlántico que la mediación: “nos obliga a adoptar un nuevo enfoque de los conflictos entre empresas y a adelantarnos incluso a su surgimiento mediante la incorporación, por ejemplo, de cláusulas contractuales que determinen, de forma consensuada, el medio al que acudir para intentar resolver el conflicto”.
Nuestra abogada experta añade: “en el momento en que se plantea una acción judicial, el conflicto ya se encuentra muy enquistado, y la mayoría de las veces el cliente, o incluso los abogados, han intentado ya alcanzar algún tipo de acuerdo que ha resultado infructuoso".
Eso se traduce, según su experiencia, en un aumento de tiempos: "habrá muchas ocasiones en que este medio alternativo de resolución de conflictos que se nos impone tenga como único resultado una mayor demora en la vía de solución”. Y coste para las empresas: “los abogados estamos tendiendo a adaptar los honorarios, aunque si el mecanismo elegido implica la intervención de un tercero (notario o experto) inevitablemente el coste va a ser mayor”.
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