El aumento de la presión financiera sobre las empresas ha devuelto protagonismo al preconcurso como mecanismo legal para negociar con acreedores sin caer en concurso.
Laura Moreno, abogada en el área concursal y reestructuraciones, explica para elEconomista que “el preconcurso ofrece hasta seis meses de protección frente a ejecuciones, permitiendo a la empresa seguir operando mientras negocia un plan de viabilidad”.
Tras la reforma de la Ley Concursal, “algunos tribunales ya están admitiendo prórrogas más allá de los seis meses, hasta alcanzar diez, en línea con la Directiva Europea 2019/1023”, señala nuestra experta, “pero advierten que solo lo concederán si existe una negociación real. Usarlo para ganar tiempo sin avances concretos puede ser contraproducente”.
Más allá de lo legal, el preconcurso se ha convertido en un recurso estratégico ya que, tal y como comenta Moreno “permite ganar margen para reordenar deuda, proteger la operativa y preservar la reputación ante clientes y proveedores”.
Eso sí, su éxito depende de una planificación rigurosa: “diagnóstico financiero, comunicación con acreedores y una hoja de ruta clara son claves para aprovechar esta herramienta con garantías”, concluye nuestra abogada.
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